COVID-19: ayudas al alquiler

Quién puede beneficiarse y cómo de las ayudas establecidas por el Gobierno estatal a raíz de la crisis sanitaria.


Las medidas sanitarias que se han adoptado a raíz de la situación de emergencia creada por el coronavirus han causado una reducción de la actividad económica, conduciendo a hogares, autónomos y empresas a importantes pérdidas de rentas, de modo que muchas personas no pueden pagar el alquiler de su vivienda habitual.



Por ello, el pasado 1 de abril el Gobierno de España publicó el Real Decreto-Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico; aunque sólo podrán acogerse a estas ayudas las personas que puedan acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social causada directamente por el coronavirus.



1. Quién se encuentra en situación de vulnerabilidad


De acuerdo con el RDL 11/2020, las personas que estén obligadas a pagar la renta de alquiler pese a estar en situación de desempleo, de Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) o que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados -en caso de ser empresario- u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos (incluyendo en este colectivo a los trabajadores autónomos); siempre que reúnan los siguientes requisitos económicos:




1. Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de las ayudas, no alcancen la cantidad correspondiente a multiplicar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, que este año está en 537,84.-€:


  • Por 3 con carácter general, de modo que en una familia sin hijos habría que cobrar 1.613,52 euros brutos al mes (537,84.-€ x 3) o, lo que es lo mismo, 19.362,24 euros al año en 12 pagas o 22.589,28 euros en 14 pagas.


  • Más un incremento de 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar; o 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.


  • Por 4, además de los incrementos acumulados por hijo a cargo, si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad con incapacidad laboral permanente acreditada.


  • Por 5 en el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.



2. Que el conjunto de la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar (hasta 537,84.-€); teniendo en cuenta lo siguiente:


  • Se entenderá por «gastos y suministros básicos», todos los de esa vivienda habitual.


  • Se entenderá por “unidad familiar” la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda..


  • No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.



Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.




2. Cómo debe acreditarse la situación de vulnerabilidad


En caso de situación legal de desempleo: certificado de desempleo, con cuantía mensual de prestaciones.



En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.



Número de personas que habitan en la vivienda habitual:


  • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

  • Certificado de empadronamiento (seis meses anteriores).

  • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.


Titularidad de los bienes: nota simple del Registro de la Propiedad (de todos los miembros de la unidad familiar) que demuestre que no son titulares de ninguna vivienda.



Declaración responsable del deudor o deudores sobre cumplimiento de los requisitos exigidos. La imposibilidad de aportar algún documento se suplirá con una declaración responsable justificando los motivos, debiendo aportar el documento no facilitado en un mes desde la finalización del estado de alarma.



Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.




3. Dónde deben presentarse los documentos


El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) ha publicado las instrucciones para obtener el certificado con el que acreditar las condiciones personales para acceder a la ayuda o a la moratoria de alquiler (también de hipotecas):

  • Acceder a la Sede Electrónica del SEPE y seleccionar el enlace de "Obtenga un certificado sobre su prestación".

  • Se puede acceder mediante Certificado Digital, DNI electrónico y cl@ve o la opción "Pin Teléfono Móvil".

  • Por último, elegir la opción "certificado de prestación actual".

Además, SEPE recuerda que "si no dispone de teléfono móvil o no puede acceder a la Sede, la petición debe hacerse por teléfono y los certificados se recibirán por correo postal".




4. A qué ayudas se puede optar


Las ayudas son distintas dependiendo de si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o puede ser considerado un "gran tenedor", entendiendo como tal una persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.




En el caso de encontrarnos ante una empresa o entidad pública de vivienda o un "gran tenedor", la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.


En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:


  • Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.


  • Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.


Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.


Además, la persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo 9, levantándose la moratoria en el pago de la renta arrendaticia y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.




En el caso de que el arrendador no sea un "gran tenedor", ni una empresa o entidad pública de vivienda, pese a que lo anterior no es aplicable, se establece una modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales para todos aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad.


La modificación excepcional consiste en que el arrendatario podrá solicitar, en un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto (esto es, desde el 1 de abril), el aplazamiento en el pago de la renta, siempre que antes no estuviera acordado.


Hecho esto, el arrendador deberá comunicar al arrendatario, máximo en 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento que acepta o posibles alternativas; y si no acepta ningún acuerdo, entonces el arrendatario podrá tener acceso, si acredita documentalmente que es una persona en situación de vulnerabilidad, al programa de ayudas transitorias de financiación que se detallan a continuación:


  • Microcréditos sin intereses. El Gobierno, junto con el ICO, ha aprobado una línea de avales y microcréditos sin gastos ni intereses que podrán devolverse en 6 años (ampliables a 10). Estas ayudas deberán dedicarse íntegramente al pago del alquiler y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades. Además, aquellos inquilinos que, aún así, no puedan hacer frente a su alquiler, dispondrán de ayudas directas del Estado para poder saldar su deuda (hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros y mantenimiento). Para solicitar un microcrédito, el inquilino tendrá que presentar a su entidad financiera la documentación requerida por el Gobierno. Este préstamo irá directamente destinado al pago del alquiler, es decir, "el beneficiario no podrá disponer del dinero físicamente".


  • Nuevo programa de ayudas que se incorporan al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (con el respaldo del ICO). La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta o, en su caso, de hasta el 100% del préstamo que se haya pedido. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa. Esta ayuda, que tiene tiene un límite de 900 euros al mes y no puede superar el total de 5.400 euros, puede solicitarse hasta el 30 de septiembre del 2020 en cada Comunidad o Ciudad autónoma. Para ello, debe presentarse la solicitud con una copia del contrato de alquiler y la acreditación de las tres últimas mensualidades realizadas antes de abril (en cada territorio pueden exigir otros documentos a mayores).


  • Línea de avales del ICO para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda (con un importe máximo de seis mensualidades de renta).


Los pequeños propietarios recibirán la renta de su vivienda de forma íntegra; sin embargo, los grandes tenedores podrán elegir entre reducir la deuda del inquilino al 50% o reestructurarla en 3 años.




Además de ello, se ha establecido un programa de ayuda a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables que sustituye al «Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual».


Pueden beneficiarse de este programa las víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; así como las Administraciones públicas y las empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas.


Las ayudas reconocidas por el programa sustituido mantendrán sus efectos por el plazo y cuantía reconocidos, pero no se concederán nuevas ayudas por el anterior programa sino por el nuevo.




5. Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la moratoria excepcional de la deuda arrendaticia y de las ayudas


Además de todo lo acabado de referir, el Real Decreto establece cuáles serán las consecuencias de la aplicación indebida de la moratoria y las ayudas al alquiler:


  • La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.


  • El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por el Real Decreto-Ley.


Puede consultar el texto legal completo, si lo desea, en pulsando en este enlace; o visualizar la información en format de infografía pulsando en el siguiente enlace de Lefebvre - El Derecho, S.A.



Pza. Josep Pla, 20, bajos

17001 - Girona (España)

 

© 2019 ST GLOBAL COMPLIANCE, S.L.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Segell ICAG_ADVOCATS_color.png
logo anima.png