Instalación de cámaras de videovigilancia en Comunidades de Propietarios

¿Está pensando en instalar una cámara de videovigilancia en el edificio de la Comunidad de Propietarios? Cuatro apuntes en materia de protección de datos personales.


Muchas son las Comunidades que han decidido, para su seguridad o a instancias de alguno de los comuneros, instalar un sistema de cámaras de videovigilancia en su edificio; y no son pocos los casos en los que es el propio comunero quien pretende dotarse de estos sistemas de seguridad.


El régimen jurídico aplicable a estas dos situaciones, sin embargo, es distinto desde el punto de vista de la normativa civil y en materia de Protección de Datos, que establece cuantiosas sanciones en caso de incumplimiento.



Instalación por parte de un comunero


La normativa en materia de protección de datos personales considera que la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia en el interior de la vivienda es una actividad doméstica excluida del ámbito de su protección; actividad que, además, no requerirá, desde la perspectiva de la normativa civil, la autorización de la Comunidad de Propietarios del edificio.


Para el caso de que deban instalarse cámaras en el exterior de la vivienda privativa del comunero, sin embargo, las previsiones legales son otras; empezando por el hecho que la instalación requerirá la autorización de la Comunidad de Propietarios, además del respeto a las previsiones contenidas en la normativa de protección de datos para los espacios comunes de la Comunidad.



Instalación por parte de la Comunidad


La instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes del edificio, ya por iniciativa de uno de los comuneros, ya porque sea la propia Comunidad quien desee llevar a cabo la instalación, requiere el voto favorable


  • de la mayoría de los propietarios que participen en la votación y que representen, a su vez, la mayoría simple de sus cuotas de participación, según dispone el art. 553-25 de Código Civil de Cataluña para los inmuebles ubicados en esta comunidad autónoma; o

  • de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 3 quintas partes de las cuotas de participación, según dispone el art. 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal (si las cámaras son un complemento al servicio de vigilancia de la Comunidad, será suficiente la adopción del acuerdo por mayoría simple).


La Agencia Española de Protección de Datos recomienda que en este acuerdo se incluyan algunas de las características del sistema, así como el número de cámaras que lo componen, cuál es el espacio que captan y quiénes son las personas encargadas y responsables del visionado de las imágenes que capten; ya que el acuerdo de la Junta supone la legitimación para el tratamiento de los datos que éstas obtengan.


Una vez adoptado este acuerdo, siempre que estas cámaras no sean meramente disuasorias y vayan a grabar imágenes de personas, deberán instalare de modo que sólo capten imágenes de las zonas comunes de la Comunidad, sin que puedan captarse imágenes de la vía pública -a excepción de una franja mínima de los accesos al inmueble-.


Instaladas las cámaras, la Comunidad, como responsable, deberá mantener un registro de actividades del tratamiento de los datos que capten -en el que conste, entre otras previsiones, quién es el responsable del tratamiento de los datos personales, la categoría de éstos o una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad-; aunque no será necesario que lo notifique a la Agencia Española de Protección de Datos.


Además de ello y como la instalación de las cámaras genera un deber de información para la Comunidad y un derecho para los afectados, deberán instalarse en los diferentes accesos a la zona videovigilada y en un lugar visible, uno o varios carteles de información. En estos carteles deberá indicarse que se está accediendo a una zona videovigilada y que se realiza un tratamiento de los datos que obtienen las cámaras de esta zona, además de la identidad del responsable de la instalación, los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos y el lugar donde pueda obtenerse más información (además de dónde dirigirse en caso de querer ejercer los derechos previstos en la normativa de Protección de Datos).


Por otra parte, el acceso a las imágenes estará restringido a las personas designadas por la Comunidad de propietarios y en ningún caso resultarán accesibles a los vecinos mediante canal de televisión comunitaria; debiendo conservarse estás por el plazo máximo de un mes desde su captación. Y si el acceso se realizase a través de internet, deberán establecerse las correspondientes contraseñas -cuyo cambio regular se recomienda-.


Finalmente, como la contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a la Comunidad del cumplimiento de la legislación de Protección de Datos, nos ponemos a su disposición para adaptar su Comunidad a la normativa, que requiere tener en cuenta otro tipo de consideraciones mucho más específicas (desde la adopción de otras medidas para el control del personal al servicio de la comunidad, hasta las autorizaciones de las empresas que realicen las labores de central de recepción de alarmas).




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